Mientras la crisis económica se alarga y golpea con virulencia a los grupos más vulnerables, la Ley de Extranjería, la Directiva de la Vergüenza europea y el discurso xenófobo que poco a poco va calando en la sociedad desde las altas esferas de la política y los medios de comunicación, extienden y profundizan la discriminación y el racismo contra los inmigrantes.
El crecimiento en más de 3 millones del colectivo inmigrante en los últimos diez años en nuestro país se explica principalmente por el auge de sectores que requerían mano de obra no especializada, sobre todo la construcción y los servicios, y por las condiciones de empobrecimiento de sus países de origen, responsabilidad directa de los estado y multinacionales occidentales. Con la crisis y la caída estrepitosa de estos sectores, se ha pasado del 12,3% de paro –en 2005– a un 28% entre la población inmigrada. El fenómeno comenzó por la construcción, donde el 24,7% de los parados son extranjeros. Después golpeó con aún más fuerza en el sector servicios, en el cual representan el 35% de los que se han quedado sin trabajo. Así, las cifras de paro entre la población inmigrada duplican y triplican su peso demográfico real en el Estado español.
Los inmigrantes en España han sido explotados durante años por un sistema económico sin escrúpulos, utilizados como mano de obra barata y obligados a aceptar trabajos en condiciones indignas por una Ley de Extranjería que les expulsaría en caso de no hacerlo. El ciclo del capitalismo nos ha llevado de nuevo a una crisis y es ahora cuando el sistema se deshace de aquellos elementos de la clase trabajadora que ya no necesita, intentando mantener en todo momento sus tasas de beneficio. En esta situación se encuentran los cientos de miles de inmigrantes que han perdido sus empleos. Sometidos a la misma precariedad que los parados nativos pero agravada su situación por la incertidumbre de una posible repatriación, el racismo institucional y social, la falta de apoyo familiar y en muchos casos la casi absoluta inexistencia de prestaciones sociales.
Una de los más graves aspectos de todo ello es la renovación y la obtención de un permiso de trabajo, requisito imprescindible que exige la ley para la permanencia de los inmigrantes en el territorio nacional. Así, la imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duración podría situar a estas personas en el llamado grupo de los “inmigrantes irregulares”, lo cual conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de su expulsión del país. Estos centros no son más que cárceles encubiertas donde los derechos fundamentales de los inmigrantes se vulneran de forma descarada e impune. En ellos, tras la aprobación en la Unión Europea de la llamada “Directiva de la Vergüenza”, podría ampliarse la reclusión de los inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses, permitiéndose el internamiento de menores en los CIE’s y ampliando a un mínimo de 5 años el periodo de prohibición de entrada en la UE a las personas que son expulsadas.
A finales del pasado mes de noviembre, el Congreso aprobaba una nueva reforma de la Ley de Extranjería con los votos sumados de PSOE Y PP, aliados siempre en la agresión sistemática a los intereses de los trabajadores. En este sentido la reforma contempla varios aspectos dignos de mención:
En primer lugar la limitación del reagrupamiento familiar, que sólo permitirá reagrupar a los ascendientes mayores de 65 años. Esta medida atenta contra la vida familiar de la población inmigrante y, además contraviene las propias leyes de la UE. El segundo es la ampliación (de 40 a 60 días) de la reclusión de las personas inmigradas sin documentos en los CIE’s. Otro punto a tener en cuenta es el que recoge que los inmigrantes sin documentos legales no podrán empadronarse, de modo que no tendrán derecho a acceder a la sanidad ni a la educación básica, como sí podían hacer hasta ese momento siempre que figurasen en el censo municipal. En este punto la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha apuntado que este aspecto de la reforma incumple el mandato del Tribunal Constitucional (TC), “discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social”.
La situación de la mujer trabajadora migrante es aun más grabe. Pues a la explotación a la que se ve sometida por ser trabajadora, inmigrante y a la discriminación racial, se une también la que sufre como mujer en un sistema basado en el patriarcado. No en vano son las mujeres migrantes las que realizan los trabajos más precarios y peor remunerados, casi siempre no regulados. Por otro lado es el sector más golpeado por la lacra de la prostitución, a la que muchas se ven abocadas como último recurso de supervivencia o simplemente obligadas por mafias nacionales y extrajeras.
Además la situación de desarraigo, marginación y pobreza en la que se encuentra inmerso el colectivo migrante, unido a una fuerte cultura patriarcal, hacen que sean uno de los grupos que más sufren la violencia machista. Pese a ello, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, establece como requisito para las ayudas a personas extranjeras el ser titulares de un permiso de residencia y un permiso de trabajo en vigor. Esto implica que una mujer víctima de violencia de género con permiso de residencia por reagrupación familiar, caso muy común, no tendría derecho a este tipo de ayudas económicas. Mucho menos aquellas que carezcan de “papeles”.
Por último es completamente necesario denunciar la permisividad con la que las autoridades políticas y los cuerpos de seguridad del estado tratan a los movimientos fascistas, xenófobos y neonazis que están surgiendo y reforzándose al calor de las citadas políticas institucionales. Grupos que no dudan en enarbolar la bandera del racismo y la intolerancia, atacando a aquellos que señalamos al capitalismo y sus estructuras como los únicos culpables de la actual situación de la clase trabajadora, tanto nativa como extranjera.
Extraído de RASH MADRID
